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UDA / CHARLA – DEBATE “La violencia en la escuela”
La visita de la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, Dra. Antonella Panero, junto al fiscal Maximiliano Bazla Cassina, organizada por el gremio UDA, permitió cruzar miradas y exponer la realidad diaria. Dos horas de debate mostraron la diferente posición y conceptos entre ambos mundos en un ambiente cordial que intentar alinear y crecer acorde a lo que debería hacerse en los diferentes casos para llevar una solución donde el error o falta de conocimiento pueda ser extirpado de estos contextos educativos, policiales y judiciales.
Puntos de vista distintos: La justicia pide cumplimiento estricto de protocolos; las escuelas consideran que muchas reglas son inaplicables o alejadas de la realidad. A su vez, a veces se judicializan conflictos que son propios de la convivencia escolar.
Enfoques complementarios: El fiscal analiza si hay delito; la jueza mira la vulnerabilidad, la historia del alumno y el contexto familiar. Por ejemplo: un cartel de amenaza en un baño no es solo un hecho legal, sino una señal de algo que le pasa al joven que lo escribió.
El docente se siente desprotegido: El gremio marcó algo central: los educadores están en el medio. Si denuncian, temen represalias; si no lo hacen, corren riesgo de sanciones por omisión.
Estos espacios son fundamentales: permiten que las autoridades vean que para una escuela una amenaza no es un dato estadístico, sino una situación que genera pánico o incomodidad en el sentido que la misma quiere hacer los procesos como corresponden pero no siempre tienen las herramientas necesarias y altera a toda la comunidad.
La mirada de la Dra. Panero: cambios legales y crítica constructiva al sistema
Su intervención marcó un antes y un después, al exponer cambios legales importantes y reclamar lo que falta en el Estado: nos comentó sobra la diferencia entre la amenaza o intimidación pública Una amenaza se dirige a alguien en particular. Escribir un mensaje como “no vengan el viernes porque habrá un tiroteo” es intimidación pública: busca generar miedo colectivo, afecta a toda la comunidad y tiene penas mucho más altas. El daño está hecho solo con difundirlo, aunque no se cumpla.
Baja de edad de imputabilidad: 14 años (septiembre 2026) Con esta medida, los jóvenes de 14 años ya podrán ser procesados penalmente. La jueza advirtió: el sistema penal no está preparado para recibir ni educar a chicos de esa edad, y sin prevención, solo se logrará judicializar cada vez a más adolescentes. La prevención es la gran deuda.
La justicia actúa cuando el problema ya explotó. Faltan políticas públicas de prevención reales.
A los docentes se les exige ser psicólogos, asistentes sociales y expertos legales, sin darles capacitación ni herramientas.
La solución no es perseguir o procesar, sino detectar el conflicto antes de que escale.
Su conclusión es que hay necesidad de una prevención y apoyo escolar, con la colaboración primordial de la familia, la justicia puede convertirse en una acción continua de procesar jóvenes, y eso sería fracaso de toda la sociedad.
El análisis de Frecuencia Sundance en el debate mostró el centro del conflicto: pareciera que no hay coordinación entre organismos, que cada parte actúa por su cuenta, a pesar que desde el gobierno se actuó a través de los tres ministerios Educación, salud y seguridad. (Por eventos continuos de amenazas) quedando en el medio docentes y alumnos.
Dos ejemplos claros: Según un Director de una escuela secundaria, manifestó que se encuentra entre el protocolo GUIARSE y el sentido común .
El caso de un joven con consumo de marihuana muestra la contradicción: El protocolo obliga a llamar a la policía y judicializar, lo que estigmatiza y aleja al alumno. La mirada educativa intenta contener y salvar el vínculo a través de la reflexión.
La paradoja: actuar con criterio pedagógico puede traer sanciones del Ministerio por “incumplimiento”.
Policía y el supuesto abuso de autoridad. Una directora de Villa Mercedes llegó casi a lágrimas por la angustia e incertidumbre que le produjo esa situación vivida en su ámbito laboral, la misma recibió una intimidación de parte policial.
La irregularidad es clara: la policía no puede dar órdenes ni exigir cosas a una escuela sin orden judicial firmada. La fuerza no es autoridad superior sobre las instituciones educativas, y su actuación fuera de norma fue cuestionada por la propia jueza y el fiscal. (Habrá que ver el caso en particular y que juzgado tendría competencia)
Conclusión del debate
Lamentablemente en esta charla debate, no pudo asistir algún representante del Ministerio de Educación: por cambios en el gabinete provincial.
Justicia: reconoce fallas, pero solo puede actuar si todo llega “por reglamento y con los datos completos y fehacientes de los implicados”. Se actúa en un orden de prioridad que establece como primordial a las urgencias ante otras situaciones que requieren otros tiempos procesales.
Los Docentes son el eslabón más débil, expuestos a sanciones, presiones y conflictos pero a su vez una parte importante al manifestar lo que sucede en el ámbito escolar, siendo el nexo con los estudiantes y su familia.
El sistema se rompe si no hay políticas públicas de prevención y capacitación en el primer paso antes de que todo llegue a la justicia
La propuesta de la Dra. Panero es justamente eso: construir un sistema que prevenga, acompañe y proteja, a los niños, niñas y adolescentes antes de que sea tarde.
Redacción: Hugo Mavit
